El cambio climático, los desastres ecológicos y una mayor preocupación ciudadana por los espacios comunes propiciaron una agenda de transformaciones regulatorias para la protección ambiental.
El cambio climático está detrás del incremento en las temperaturas en todo el mundo. En el caso de Chile, el fenómeno se ha profundizado en los últimos años, con marcas recientes de temperaturas extremas.
Tres episodios en los últimos 30 años han conmovido al país: el aluvión de Antofagasta (1991), el de Santiago (2002) y el de Atacama (2015). En todos esos casos hubo un desafío de política pública para prevenir desastres futuros.
La percepción sobre desastres vinculados con precipitaciones, tanto por inundaciones como por sequías, provoca nuevos riesgos agroalimentarios y de asentamientos urbanos en el país.
En verano se ha vuelto cada vez más relevante la prevención para evitar incendios forestales. Los megaincendios de 2017 y 2023 en la zona centro-sur indican la recurrencia de un fenómeno global, ya sea por su ocurrencia intencional o por efecto del cambio climático.
Las exigencias ambientales han tenido al menos dos dimensiones en el período. Por un lado, una nueva institucionalidad ambiental que incluye un ministerio. Por el otro, una marcada reducción en la aprobación de proyectos presentados a evaluación.
La creación de parques nacionales y su expansión a zonas oceánicas protegidas ha sido una política pública de preservación ecológica sostenida a lo largo de las décadas. La cesión de terrenos de la Fundación Tompkins reflejó el rol del sector privado en la materia.
